La corte suprema de México ordenó la protección de un grupo de cristianos protestantes y la reintegración en la comunidad de las que fueron expulsados debido a su fe.

A este grupo de cristianos le obligaron a dejar sus casas en los estados de Oaxaca y Jalisco después de que rechazaran participar en ciertas actividades de la comunidad debido a su fe.

Los cristianos protestantes y otros grupos de México que no participan ni creen en las creencias religiosas indígenas y que no acceden a participar en las prácticas sincréticas que han evolucionado de la tradición católica, experimentan rechazo, aislamiento social y desplazamiento forzoso.

En la sentencia la corte dijo que aquellos que a aquellos habían sido desplazados se les había violado sus derechos humanos básicos.

“A pesar de que las comunidades tienen el derecho de expulsarles para proteger su cultura, religión y su modo de vida diferenciado como comunidad indígena, esto no puede ir al extremo de expulsar completamente del territorio, ya que esto violaría las condiciones mínimas para la vida, dejándoles sin una casa en condiciones para vivir ni todas sus pertenencias”, comunicaba la corte.

“La sentencia es una victoria, pero el gran desafio será el seguimiento”, comentaba un abogado local a Puertas Abiertas, que quiso mantener su anonimidad por cuestiones de seguridad. “La comunidad autoriza la violación de estas resoluciones y se esconde detrás de sus propias costumbres y estructuras de la comunidad”.

“Jalisco es un estado especialmente difícil para los cristianos Evangélicos, será interesante ver como se implemente la sentencia”, nos cuenta Carlos Daniel Rodríguez, un portavoz de Puertas Abiertas en México. “La libertad de religión en México está protegido por ley, pero las comunidades indígenas siguen sus propias reglas. Espero que el resultado se adapte a la resolución, especialmente en Jalisco”, seguí comentando Rodríguez.

En un incidente separado, un grupo de tres familias cristianas en Huejutla, en el estado oriental de Hidalgo, fueron sorprendidos cuando un oficial municipal, que los había estado acosando desde diciembre del año pasado, retiró su denuncia. Él había amenazado a las familias con meterlos en prisión después de que estas rechazaran realizar una contribución económica para un futuro festival tradicional.